Historia de la bioseguridad

Historia de la bioseguridad

Breve historia de la bioseguridad en el mundo

A fines de la década de 1970, aparece el primer Organismo Vivo Modificado. Se trataba de una bacteria capaz de producir insulina humana gracias a la transferencia e incorporación de uno de nuestros genes en su ADN. Posteriormente se vio la oportunidad de mejorar las características agronómicas de los cultivos a través de esta de la biotecnología moderna. Por ejemplo, se incorporaron genes de bacterias en el ADN del maíz y el algodón para que estas plantas produzcan toxinas que les permitan resistir el ataque de las plagas. Las barreras impuestas por la naturaleza dejaron de ser una limitante para transferir características beneficiosas de una especie a otra.

No obstante, ninguna tecnología está exenta de riesgos, más aún si lo que se manipula es la parte más elemental de un organismo: su constitución genética. Se pueden generar cambios no previstos que podrían afectar la diversidad biológica —constituida por los ecosistemas, las especies y los recursos genéticos— y la salud humana.

En 1992, se abre las firmas para la ratificación del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en Río de Janeiro, entrando en vigor el 29 de diciembre de 1993. Sus objetivos son:

  • la conservación de la diversidad biológica
  • el uso sostenible de sus componentes
  • la participación justa y equitativa en los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos

 

El CDB contiene tres disposiciones directamente relacionadas con los OVM. Una de ellas (artículo 19.3) generó las negociaciones que derivaron posteriormente en el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología (PCB). Otros dos artículos (8 g) y 19.4) contienen obligaciones aplicables a todas las Partes en el CDB, independientemente de que se conviertan o no en Partes en el Protocolo.

El artículo 8 g) trata sobre medidas nacionales en general. Busca que las Partes regulen, administren o controlen los riesgos asociados a los OVM derivados de la biotecnología que pudieran tener efectos adversos sobre la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana. El artículo 19.4 toma en consideración la transferencia de OVM entre los países miembros del CDB. Requiere que cada país proporcione la información sobre sus regulaciones nacionales en bioseguridad al país al que el OVM pretende enviarse, así como cualquier información disponible sobre los efectos adversos que la introducción podría tener.

El contenido del artículo 19.3 del CDB fue controvertido, en la medida en que existían puntos de vista divergentes sobre la necesidad de adoptar reglas internacionales en materia de bioseguridad. Durante la negociación del CDB el debate se centró en dos alternativas: (i) un texto que obligase a la elaboración de un protocolo en materia de bioseguridad, o (ii) un texto que no exigiera explícitamente un protocolo pero que requiriese que las Partes examinasen su necesidad, lo cual prevaleció.

En 1994, durante la primera reunión de la Conferencia de las Partes del CDB en Nassau (Bahamas), se acordaron dos reuniones para examinar la necesidad y las modalidades de un protocolo sobre bioseguridad. Seguidamente, un panel de expertos se reunió en El Cairo en mayo de 1995 y, al mes siguiente, se celebró una reunión de un Grupo de Expertos Ad hoc de Composición Abierta sobre Bioseguridad en Madrid. La gran mayoría de las delegaciones presentes en la reunión de Madrid estuvieron a favor del desarrollo de un protocolo sobre bioseguridad. Pero si bien había un consenso general sobre ciertos temas, tales como la inclusión del procedimiento de acuerdo fundamentado previo en un protocolo, otros posibles elementos, tales como la responsabilidad y compensación, y las consideraciones socioeconómicas, fueron objeto de considerable desacuerdo.

Durante la COP del CDB en Yakarta (Indonesia), se decidió establecer un Grupo de Trabajo especial de composición abierta sobre Seguridad de la Biotecnología para elaborar un protocolo sobre bioseguridad, que deberá tomar en consideración los principios consagrados en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en particular el enfoque de precaución expresado en el Principio 15.

Este Grupo de Trabajo, que fue presidido por el danés Veit Koester, celebró seis reuniones entre julio de 1996 y febrero de 1999. La última reunión fue realizada en Cartagena (Colombia), la cual debía ser inmediatamente seguida por la primera reunión extraordinaria de la Conferencia de las Partes (ExCOP) del CDB. Se avanzó respecto a algunos temas y se presentó un proyecto de texto limpio consolidado de protocolo y propuso que se remitiera a la ExCOP. Sin embargo, y pese a muchas negociaciones y discusiones, hacia el final de la reunión, las Partes en el CDB no lograron alcanzar un acuerdo acerca del texto del protocolo y la ExCOP fue oficialmente suspendida.

En los meses siguientes se celebraron dos reuniones oficiosas, la primera en Viena (en septiembre de 1999) y la segunda en Montreal (en enero de 2000). Estas negociaciones se centraron en los temas de fondo aún pendientes que resultaban cruciales para el acuerdo general respecto del protocolo. Una nueva ExCOP, de carácter muy político, se celebró en Montreal. Contó con la participación de más de 30 Ministros, y el acuerdo final sobre los temas esenciales fue alcanzado en la madrugada del 29 de enero de 2000, aprobándose el Protocolo de Cartagena a las 5:00 de la mañana de ese día.

Fuente: Guía explicada del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología de la UICN.

Breve historia de la bioseguridad en el Perú

La regulación de la bioseguridad en el Perú data del año 1999, cuando el Congreso de la República emite la Ley N° 27104, llamada “Ley de prevención de riesgos derivados del uso de la biotecnología”. En este punto cabe hacer un paréntesis, a fin de centrar el tema que nos compete, pues hablar la biotecnología expresada como tal, tiene una amplia gama de aplicación en la industria. La Ley N° 27104 se centra en la “biotecnología moderna”, término que se define en su única disposición complementaria.

Tres años después, mediante Decreto Supremo N° 108-2002-PCM, se aprueba el Reglamento de esta Ley, en la que se establece el marco institucional, no establecido claramente en la Ley, designando a tres Órganos Sectoriales Competentes (OSC) que se encargarían de la implementación de la Ley y su Reglamento, iniciando con la emisión de sus respectivos Reglamento Sectoriales Internos, conforme lo indica el artículo 7 del Reglamento. A la fecha, no se cuenta con dichos instrumentos normativos.

En el año 2004, mediante Decreto Legislativo N° 28170, el Congreso de la República ratifica el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad (PCB), el cual contiene el marco normativo internacional para el movimiento transfronterizo de los Organismos Vivos Modificados (OVM), término con el que debe llamarse a los organismos que han sido modificados genéticamente a través de la ingeniería genética, método de modificación genética que cruza las barreras naturales del cruzamiento genético.

Importante mencionar que existen algunos temas que nuestra norma nacional de 1999 ha normado, que se incluyen en el PCB de forma distinta, como la clasificación de los OVM para su control y vigilancia, o la inclusión de medidas de responsabilidad y compensación, en tanto la Ley nacional carece de estas medidas, en virtud de la cual no se pueden sancionar los incumplimientos a la Ley nacional.

Tomando como referencia la clasificación de los OVM en los usos indicados en el PCB, en el año 2011, el Ministerio de Agricultura (hoy de Agricultura y Riego – MINAGRI) emite el Decreto Supremo N° 11-2011-AG, el cual dispone que dicho sector no aceptará a trámite ninguna solicitud dirigida al ingreso de OVM destinados a la liberación intencional al ambiente, hasta que no cuente con la línea de base de las especies, con el fin de poder tomar decisiones informados en salvaguarda de la diversidad biológica nacional. Es decir, una moratoria de ingreso a los OVM destinados al cultivo y crianza de especies reguladas por el MINAGRI, fuera de espacios confinados.

El mismo año y tomando en consideración que el sector de la producción, a través del Viceministerio de Pesquería tampoco ha emitido su correspondiente Reglamento Sectorial, el Congreso de la República emite la Ley N° 29811, Ley que establece la Moratoria al ingreso y producción de OVM al territorio nacional por un período de diez años. El año 2012 se aprueba el Reglamento de la Ley mediante Decreto Supremo N° 008-2012-MINAM.

Esta Ley designa al Ministerio del Ambiente como Autoridad Competente para su implementación, cuyo objetivo es el impedir el ingreso y producción en el territorio nacional de OVM con fines de cultivo o crianza (incluyendo los acuáticos) por un periodo de diez años. Con ello incluye la moratoria impuesta por el MINAGRI a una moratoria nacional, consecuente con la política nacional de salvaguardar la diversidad biológica nacional, la que se constituye en una fuente de especies y de variabilidad genética que provee del insumo para mejoramientos genéticos en el presente y futuro, en salvaguarda de la seguridad alimentaria nacional y mundial.